El doctor llegaba tarde. Las mujeres se sentaron en silencio en la zona de espera de una clínica de un exclusivo vecindario de Río de Janeiro hasta que, superadas por los pensamientos sobre lo que estaban a punto de hacer y qué podría pasarles, comenzaron a hablar.
Una contó que tenía una relación con un capo del narcotráfico y que sabía que la obligaría a tener a “su” hijo si se enteraba de que estaba embarazada. Otra era una exitosa mujer de negocios que se había separado del padre de sus hijos y se quedó embarazada accidentalmente de otro hombre. Otra solo lloraba.
Una cuarta, Roberta Cardoso, se había quedado embarazada de forma inesperada de su novio y sentía que no era lo suficientemente madura para ser madre.
“En ese momento probablemente yo sabía mucho más sobre sus historias que sus familias”, dijo Cardoso, de 26 años, durante una entrevista reciente con The Associated Press.
Como en muchos países, el aborto es un tema tabú en Brasil, una nación socialmente conservadora con la mayor población católica del mundo y una creciente comunidad evangélica. La interrupción del embarazo es ilegal allí salvo cuando la salud de la madre está en riesgo, si fue víctima de una violación o cuando el feto sufre un problema cerebral generalmente fatal llamado anencefalia.
Pero ante una creciente ola de conservadurismo y la preocupación de que el aborto pueda verse más restringido en el futuro, las mujeres están dando un paso adelante para compartir sus experiencias con la esperanza de cristalicen en más apoyos para un mayor acceso a esta práctica.
“Hemos dejado de pensar en esto como un tema privado. Es un tema público”, dijo Rosangela Talib, coordinadora del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, un prominente defensor de los derechos reproductivos en el país.
Se estima que entre 400.000 y 800.000 mujeres se someten cada año a un aborto en Brasil, la mayoría de ellos ilegales. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, más de 200 mujeres fallecieron en 2015 tras interrumpir sus embarazos. Si son descubiertas, pueden ser condenadas hasta a tres años de prisión, y el médico que realice el procedimiento hasta a cuatro, aunque estos procesos son poco frecuentes.
Más de 170 mujeres, incluyendo importantes actrices, directoras y académicas, han firmado un manifiesto declarando públicamente que abortaron. Miles han salido a la calle para protestar contra los intentos de restringir el derecho al aborto y más de 34.000 firmaron peticiones enviadas al Congreso.
Cuando el Instituto Anis-Bioethics, una ONG que investiga los problemas de las mujeres, hizo un llamado en Facebook pidiendo testimonios, recibió 110 en apenas 19 días.
Uno de ellos era el de Rebeca Mendes, que estaba intentando interrumpir su embarazo.
La ONG presentó una petición urgente ante la Corte Suprema para poner fin a la gestación de Mendes, atrayendo la atención del país y poniendo nombre y rostro a la lucha por legalizar esta práctica. La petición fue denegada y Mendes se sometió legalmente al proceso en Colombia.
La ola de testimonios públicos amplifica un acalorado debate en el país más grande de Latinoamérica, donde los conservadores temen que la Corte Suprema pueda legalizar el procedimiento y las activistas temen que el Congreso reduzca el ya limitado derecho al aborto.
En noviembre de 2016, un juez de la Corte Suprema escribió que criminalizar la interrupción del embarazo en su primer trimestre violaba los derechos fundamentales de las mujeres, una decisión que supuso la liberación por el habeas corpus de dos acusados de gestionar una clínica de abortos.
Horas después del dictamen, el Congreso creó una comisión especial para aclarar la ley. El ente propuso modificar la Constitución para establecer que la protección de la vida comienza en la concepción. El legislador Sostenes Cavalcante señaló que la iniciativa contará con el respaldado de todos “los que creen en la vida” y el rechazo de “quienes quieren matar a los indefensos”.
Cavalcante describió la iniciativa como un veto total al aborto, aunque el diputado que la redactó dijo desde entonces que no cambiaría la ley actual y que solo busca detener cualquier intento de legalizar la práctica en el futuro.
Jefferson Drezett, que dirige el departamento de respuesta al aborto y a la violencia sexual del hospital estatal de Perola Byington en Sao Paulo, apuntó que la cobertura del aborto es insuficientes para quienes quieren hacerlo legalmente por razones que van desde la mala gestión a la presión de políticos y grupos religiosos.
“Han pasado casi 80 años desde que la ley (con las tres excepciones) existe, y todavía no hemos conseguido que esta ley sea válida en los hospitales públicos brasileños”, dijo.
El apoyo a la legalización del aborto ha aumentado aunque la mayoría de los brasileños parecen seguir oponiéndose.
Una encuesta de Datafolha publicada el 31 de diciembre dijo que el 36% de los brasileños entrevistados estaba a favor de la despenalización del aborto, desde el 23% de 2016. Pero el 57% seguía en contra de esta práctica. La encuesta entrevistó a 2.700 personas de 192 municipalidades del país y tenía un margen de error de más menos dos puntos porcentuales.
Entre quienes quieren menos restricciones está Raissa Arruda, una artista de 30 años que dijo a la AP: “He perdido la vergüenza de hablar de ello... Creo que necesitamos hablar, para poder descriminalizarlo”.
Arruda tenía 18 años cuando se enteró de que estaba embarazada, y su madre no le dirigió la palabra durante semanas después de contárselo. Finalmente perdió el bebé tras varias semanas dolorosas sintiéndose juzgada.
Cuando volvió a quedarse embarazada un mes después, no se lo dijo a casi nadie. No podía soportar la verguenza.
Pidió dinero prestado a un amigo para comprar misoprostol, un medicamento que puede usarse para provocar un aborto. Desde la década de 1990, el misoprostol, que se usa desde para tratar úlceras hasta para inducir un parto, está disponible de forma legal solo en las farmacias de los hospitales del país. Sin embargo, todo el mundo sabe dónde conseguirlo en Florianópolis, la ciudad del sur del país donde creció.
Djacelina dos Prazeres Chrispim también decidió compartir su historia en una entrevista con la AP.
Hace 15 años, Chrispim acudió a un hospital privado en Sao Paulo para someterse a un aborto. Como mujer negra con una infancia turbulenta, dijo que no quería traer al mundo a un bebé que pudiese enfrentar racismo y exclusión.
Aunque había comentado su experiencia con algunos amigos y grupos de mujeres en estos años, Chrispim no había hablado de ello en público nunca hasta ahora.
“Una mujer solo aborta porque lo necesita”, dijo la activista de 42 años. “Cuando la gente habla, lo desmitifica”.
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