Minera canadiense enfrenta protestas en Dominicana

autor: terra.com

La minera canadiense Barrick proyecta extraer oro de los yacimientos en República Dominicana con inversiones por 3.500 millones de dólares, pero enfrenta la oposición de diversos sectores que insisten en que habrá daños ambientales."La posición del movimiento juvenil es que la Barrick se vaya" del país, dijo el miércoles a la AP el fundador del grupo Lucha X tus derechos, Alexander Mundaray. El grupo y otras organizaciones civiles lograron en septiembre de 2009, luego de un dilatado plantón y de una evaluación de Naciones Unidas, que el gobierno anulara el permiso para la construcción de una planta cementera en las cercanías de la zona protegida de Los Haitises.Las organizaciones recorrerán a pie del 31 de marzo al 2 de abril los 105 kilómetros que separan la capital de las instalaciones de la Barrick, situada en la localidad de Cotuí, en la zona central del país y donde establecerán un campamento.El consorcio Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), formado por Barrick Gold y Goldcorp, pretende comenzar en el cuarto trimestre de 2011 la extracción de oro, plata, cobre y zinc de la antigua mina de Pueblo Viejo y yacimientos aledaños.La mina, con una reserva estimada en 22 millones de onzas de oro, estuvo en explotación por la compañía Rosario Dominicana de 1975 a 1999, cuando dejó daños ambientales valorados por el Estado dominicano en 75 millones de dólares."Esa zona es una lugar estratégico para todo el país. Tenemos que ver cuánto nos va a costar ecológicamente" la extracción minera, dijo Mundaray, al minimizar la derrama económica y creación de 3.550 puestos de trabajo que el proyecto pueda traer a Cotuí.Los daños ambientales, así como la contaminación de suelos y deforestación "están presentes en la zona desde hace cerca de 30 años" y son el "legado de las operaciones de Rosario Dominicana", subrayó PVDC en un comunicado.Mediante un agregado aprobado por el Congreso dominicano a finales de 2009, PDVC se comprometió a pagar 37,5 millones de dólares para remediar los daños ambientales provocados por la Rosario y entregar al estado el 28,27% de sus utilidades una vez que haya recuperado su inversión total y alcance una rentabilidad superior al 10%.El alcalde de Cotuí, Bienvenido Lazala, dijo recientemente a la AP que el Congreso debe de revisar el contrato con PDVC porque "es lesivo a los intereses del país".El propio Ministerio de Medio Ambiente, que no fue consultado en la renegociación del contrato, ha cuestionado el proyecto. El viceministro de Areas Protegidas, Eleuterio Martínez, explicó que debido a las antiguas operaciones mineras de la zona, la presa de Hatillo ya tiene elevados niveles de acidez.Al reconocer la importancia económica del proyecto, Fidel Santana, del Foro Social Alternativo, no reclama la anulación del contrato, sino "que se revise, que se parta del contrato original, que era más favorable para el país y ofrecía soluciones al pasivo ambiental".