El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, fue acusado este jueves de incumplir su palabra por el procurador general de la República, quien aseguró que ambos, junto a la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Féliz, acordaron de manera verbal en torno a la modificación del proyecto de lavado de activos y la distribución de los recursos provenientes de ese delito.
Sin embargo, tanto Rosado Mateo como Mabel Féliz negaron que hayan arribado a un acuerdo con el Procurador para distribuir los bienes y otros recursos incautados a narcotraficantes.
El doctor Radhamés Jiménez Peña reclama que se le asigne el 25 por ciento de los recursos provenientes de lavado de activos a la Procuraduría, porque opera con un déficit de 50 millones de pesos mensuales, y entiende que esos recursos le permitirían continuar realizando los proyectos del nuevo sistema carcelario que llevan a cabo.
El procurador acudió al Congreso a motivar su reclamo ante los legisladores acompañado del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, la fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, Roberto Santana, del Nuevo Modelo Penitenciario, Lino Vásquez, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños.
Jiménez Peña dijo que desde que asumió la Procuraduría en 2004 tiene el mismo presupuesto y que este año tuvo una reducción de RD$250 millones, pese a que la población carcelaria se duplicó en ese periodo, ya que pasó de 12 mil reclusos a más de 23 mil, por lo que presentan una situación financiera difícil.
De su lado, el vicepresidente de la FINJUS planteó al Congreso la necesidad de que se asignen a la Procuraduría esos recursos, por considerar inaceptable que esa institución se quede fuera de esa distribución, ya que es el órgano rector de la política criminal del país, por lo que sugiere un reglamento para la distribución de esos recursos, porque en la actualidad hay discrecionalidad y puede prestarse a uso inadecuado.
El proyecto consigna un 25% a DNCD, la Procuraduría y el CND, un 15% a las ONG que trabajan con adictos, y un 10% para el Ministerio de Deportes.
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