El proyecto de reforma fiscal que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que hoy será conocido en la sesión extraordinaria del Senado fue modificado casi en su totalidad por la comisión bicameral que tuvo a su cargo el estudio.
La comisión acogió la propuesta de incrementar de 25% a 27% el Impuesto Sobre la Renta, con lo que espera recaudar unos dos mil millones de pesos, según explicó el coordinador del organismo bicameral, el senador peledeísta Tommy Galán.
El legislador aseguró que ahora se reducirá el impacto del “paquetico” en la clase de menor ingreso.
En ese sentido, dijo que se eliminó el 10% que se cobraría por servicio de Telecable; y el 0.15 al retiro de efectivo en los cajeros automáticos, aunque prevalece para las oficinas bancarias. “Lo importante es, y le reitero lo que fue una posición fijada desde el principio por los miembros de la comisión, de que el espíritu que primara, fuera el de limitar el impacto de estas medidas frente a la clase media y de menores ingresos”, dijo Galán entrevistado ayer en el Senado.
También se excluyó el impuesto que se aplicaría a las propiedades inmobiliarias y el anticipo al impuesto que planteaba el 0.5% al 5%, fue reducido un 3%.
Para esto se mantuvo el impuesto de 2.5% a las ventas brutas que hagan las empresas de zonas francas a nivel local.
Déficit fiscal
Destacó que todo esto permitirá al Gobierno recaudar los más de 9 mil millones de pesos que necesita para cubrir el déficit fiscal de 1.6% del Producto Bruto Interno (PBI).
Sobre el impuesto que pagarían las bancas de lotería y bancas deportivas, los casinos y máquinas tragamonedas, tributarán en lo adelante 1% en las ventas brutas. También se elevó de 31 a 35 mil pesos, el pago único que hacen las bancas como derecho a operar.
“Las modificaciones que se hicieron están dentro del interés de reconocer que el Estado adolece de una plataforma tecnológica para cobrar el impuesto a las bancas de lotería y deportivas, para llevar un control de las ventas brutas, pero ese gravamen se establecerá en un plazo de año o año y medio cuando el Gobierno lo pueda aplicar”, expuso.
Galán aclaró que en la reforma se establecerá de manera transitoria que la misma estará vigente por dos años.
“También se plasmará la necesidad de que mediante un acuerdo nacional se haga una reforma fiscal integral frente a nuestra realidad, pero con el compromiso de un pacto social de todos los sectores, porque esta vendría a resolver muchas situaciones coyunturales”, expuso.
Detalló que cuando se habla de una reforma fiscal integral es que se revisarán los ingresos, los mecanismos de ingresos, los gastos de gobiernos de lograr una mayor eficiencia, y sobre todo lo que implica una carga de RD$127 mil millones que se reconocen como gastos secundarios.
El legislador peledeísta dijo que la comisión está elaborando el informe que rendirá hoy al hemiciclo, y adelantó que se pedirá que la ley se declare de urgencia para que se apruebe en dos lecturas consecutivas.
LEGISLADORES DEL PRD Y EL PRSC LO RECHAZARÁNLAS REACCIONES: Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) advirtieron ayer que no apoyarán la reforma tributaria. Sus voceros en la Cámara de Diputados, Nelson Arroyo y Ramón Rogelio Genao, respectivamente, adelantaron que sus legisladores no votarán por la pieza alegando que la misma perjudica a los sectores de clase media y baja de la sociedad.
Se tiene previsto que el proyecto sea conocido por los diputados en la sesión del próximo martes. Mientras que el presidente de la Comisión Bicameral que estudia la pieza, Tommy Galán, vaticinó que la misma sería aprobada en la sesión extraordinaria que celebrará el Senado hoy. Galán reveló que el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo ha sido modificado en 90% para tratar de que perjudique lo menos posible a la población.
Dijo que fueron eliminados de la pieza impositiva los impuestos a la propiedad inmobiliaria y al telecable, y que se redujo a 3% el gravamen sobre las ventas brutas como retención del impuesto sobre la renta a suplidores y proveedores del Estado, que el Ejecutivo planteaba subir de 0.5% a 5%.
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