A tres años de ser apuñalada por su expareja, Rafaela Eunice Santos Hernández sigue bajo la sombra de su verdugo, por lo que espera que la justicia le de una mano para no convertirse en una más de la lista de víctimas feminicidios.
Su abogado y exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, afirma que su defendida recibe constantes amenazas desde la cárcel de parte de Manuel Felipe Aguiar Ramírez, quien ha cumplido 3 de los 5 años de prisión que le impusieron por inferirle 7 puñaladas a Rafaela y hoy busca su libertad condicional. La audiencia para conocer dicha solicitud está pautada para el próximo 27 de noviembre.
El 16 de marzo de 2016, Aguiar Ramírez se trasladó desde la Santo Domingo a un campo en Maimón, provincia Monseñor Nouel, donde se escondía Rafaela, a quien asechó y le infirió 7 puñaladas en presencia de sus hijos.
“No culminó el crimen porque ella fingió estar muerta”, dijo el abogado Hernández Peguero tras solicitar un cambio en la acusación que pesa contra el victimario.
“Erróneamente los fiscales de Bonao acusaron Aguiar Ramírez de violación de los artículos 307 y 309 del Código Penal, que tratan de la violación intrafamiliar y de género, cuyas sanciones son hasta 5 años, cuando lo correcto era acusarlo de intento de asesinato, previsto en los artículos 2, 296, 297 y 302 del Código Penal, cuya sanción es de 30 años de prisión”, explicó.
El también precandidato a senador por el Distrito Nacional aseguró que si las autoridades judiciales no actúan, con su defendida, madre de 6 hijos, podría suceder lo mismo que con la abogada Anibell de San Pedro de Macorís, quien fue asesinada por su expareja tras ser dejado en libertad al año y medio de intentar asesinarla a puñaladas.
Sobre Felipe Aguiar, el jurista dijo además, que tres años antes del hecho que involucra a Rafaela, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional lo acusó, junto a otras dos personas, del homicidio de José Alberto Otañez Monegro, ocurrido el 24 de septiembre de 2003, expediente que tratan de localizar.
Hernández Peguero dijo que es impostergable la aprobación de una nueva ley de violencia intrafamiliar y de género -a lo cual se comprometió- que solucione estas distorsiones legales y que proteja eficazmente a las mujeres víctimas de violencia, que asigne fondos económicos para su asistencia psicológica y los huérfanos.
“El Estado Dominicano y muy especialmente sus funcionarios del ministerio público y la judicatura son responsables de los asesinatos de las mujeres por inobservancias de las leyes y son pasibles de demandas en reparación de los daños y perjuicios que ocasiones, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que acarrean en sus instituciones”, explicó.
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