SANTO DOMINGO.- La red de César Emilio Peralta (El Abusador) logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero de la República Dominicana más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico, según el Ministerio Público.
Según su acusación, la banda lavaba el dinero de la droga mediante el entretenimiento nocturno en famosas discotecas, casas de cambio y venta de bebidas alcohólicas, entre otras actividades, y funcionó desde 2007 hasta 2019.
El Ministerio Público tiene un proceso abierto en contra de 20 supuestos miembros, testaferros y «prestanombres» para lavar activos del narcotráfico, entre ellos José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres, Obispo Féliz Lorenzo, Manuel Sánchez (Pupilo), Johanny Paniagua, Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), Marisol Mercedes Franco, Edward Patricio Montero Cabral (Zapatazo) y Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar).
Además, Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante), Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua), Melchor Antonio Alcántara Damirón, Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina.
Las discotecas Kuora, VIP Room, Flow Galery Lounge, SRL y Aqua Club, y el establecimiento Al Panino, entre otras empresas, formaban parte del entramado para el lavado. Estos negocios supuestamente se constituían a nombre de otras personas y luego pasaban la mayoría de las acciones a los principales integrantes de la red.
Para establecer la relación entre los integrantes de la organización criminal y transaccional de lavado, el Ministerio Público dice que contó con la colaboración de autoridades de Estados Uynidos y que realizó intervenciones telefónicas autorizadas, se incautó de cheques y rastreó transacciones bancarias millonarias entre los miembros de la red.
Octavio Dotel
El expelotero Octavio Dotel está acusado de haber utilizado las discotecas del «Abusador» y recursos de otros coacusados para obtener beneficios económicos personales a sabiendas de que eran producto de actividades ilícitas.
Hay conversaciones telefónicas que lo vinculan realizando transacciones millonarias con algunos de los miembros de la red. Todo consta en el expediente.
El Ministerio Público dice que Dotel ingresó a la red en 2015, cuando sufrió una caída económica, y que entre los años 2016 y 2019 reactivó sus ingresos económicos, “todo producto del lavado de capitales que realizaba”.
Agrega que en los allanamientos al expelotero se le encontró un carnet del Ejercito Nacional de República Dominicana a su nombre, con rango de sargento y expedido el 2 de noviembre de 2019.
La acusación indica que la condición de Dotel en la estructura criminal “era la de servir como colaborador, ayudante, y facilitador para el lavado de activo. En ese sentido, ocultó, disimuló, encubrió la naturaleza del origen propiedades o derecho sobre bienes, de capitales y a la vez adquirió, posee, administra bienes procedentes del narcotráfico que disimulaban ser del acusado pero en realidad pertenecían al nombrado César Emilio Peralta”.
Genri Daniel Santana Badía está acusado de ser testaferro del Abusador y haber adquirido un apartamento en el exclusivo en el proyecto Balcones del Atlántico, en Samaná, valorado en US$560,000.
A Evangeline Castellanos Miranda y Reynaldo Alberto Hernández Canela el Ministerio Público los acusa de haber actuado como testaferros en la compra de la Villa Lagos 69, un exclusivo proyecto en Casa de Campo, La Romana.
Jhonan Alexander Ureña supuestamente actuó como testaferro en la adquisición de un yate de lujo identificado como “Yate Milán”.
El Ministerio Público asegura que esa embarcación era utilizada por El Abusador para navegar con artistas urbanos, entre ellos Emmanuel Herrera Batista (El Alfa).
Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones
Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.
Sus gastos se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos, consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.
La Procuraduría de Lavado de Activos alega en la acusación preliminar que ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”.
El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.
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