SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó formalmente anoche medida de coerciòn por supuestos delitos de corrupción administrativa, contra diez personas que fueron detenidas la madrugada del domingo durante operativos en esta capital y Santiago de los Caballeros.
Son ellas Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy), exministro de Salud Pública.
Asimismo, Juan Alexis Medina Sánchez, Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andujar, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona. (Estos últimos no ocupaban posiciones gubernamentales pero son señalados como autores de operaciones dolosas, cometidas en combinación con los entonces funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina).
Carmen Magalys y Juan Alexis Medina Sánchez son hermanos del expresidente de la República Danilo Medina, quien gobernó República Dominicana en los períodos 2012-2016 y 2016-2020 e intentó infructuosamente de reelegirse para un cuatrienio más.
Expedientes en cajas
Los expedientes contra cada uno fueron llevados en tres cajas plásticas y depositados las 11:20 de la noche en la secretaría del Juzgado de Atención Permanente del Del Distrito Nacional, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el mismo lugar en donde se encuentran los detenidos.
Una de las fiscales que encabezaba el grupo dijo escuetamente a los periodistas: «El Ministerio Público ha depositado la medida que estamos listos para conocerla. Es una medida de coerción y todo lo que tenemos que decir está contenido en la instancia».
Piden caso sea declarado completo y clausura de empresas
El Ministerio Público, representado por Wilson Manuel Camacho Peralta, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y varios fiscales, solicitó prisión preventiva contra ellos y que el caso sea declarado complejo, amparándose en artículos del Código Penal dominicano.
Asimismo, exigió que sean clausuradas temporalmente empresas comerciales en las que supuestamente ellos se ampararon para realizar relaciones dolosas con el Estado Dominicano.
Entre ellas figuran Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.
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