SANTO DOMINGO.- Los acusados de corrupción administrativa que cumplirán prisión preventiva por su vinculación con la denominada operación Antipulpo fueron trasladados en la tarde de este miércoles a los centros respectivos centros penitenciarios donde permanecerán recluidos.
El Juez Alejandro Vargas dispuso esta medida contra siete de los once imputados en este caso, cuyo traslado se produce desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo la fuerte custodia policial que conforma una caravana que los condujo al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres
El magistrado Vargas había dispuesto repartir a los acusados entre en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal y la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís, sin embargo, los siete imputados ingresaron en Najayo.
Ahí ingresaron el supuesto cabecilla del entramado corrupto, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, que cumplirá la medida de tres meses de reclusión cautelar.
También el exdirector general y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y director de Fiscalización de esa entidad, Francisco Pagán y Aquiles Christopher Sánchez, respectivamente, así como el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa.
Además, los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, que igualmente cumplirán tres meses de prisión preventiva.
Por otra parte, cumplirán arresto domiciliario excontralor de la República Rafael Germosén y el exministro de Salud Freddy Hidalgo, así como Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, mientras que el juez ordenó la puesta en libertad de Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien la fiscalía acusa de ser testaferro de Alexis Medina.
Según las investigaciones, Alexis Medina, montó una red de empresas, a través de testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado.
La fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos, por medio de tráfico de influencias, con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.
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