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Dos entidades fustigan últimas medidas migratorias de la RD

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 SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse el Día del Migrante, los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) y de Desarrollo Sostenible (CEDESO) entienden que las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano constituyen un  giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones.

Dicen que esas medidas exponen a personas en movilidad a vivir desprotegidos por tanto a caer en redes de  explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.

En un comunicado, CEDESO Y OBMICA hacen un  llamado inaplazable a respetar  derechos, cumplir el debido proceso y las leyes que regulan las migraciones, para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas en movilidad y sus familiares, lo que tendría un impacto positivo en la vida de  más de dos millones de  dominicanos residentes en el exterior y de los miles de  extranjeros que buscan una vida mejor en el país.

Indican que trabajan en el proyecto Trato Digno que promueve el respeto de los derechos de los migrantes y el debido proceso para evitar eventos como los ocurridos recientemente en México y otros hechos lamentables.

“Que varias familias dominicanas  hoy lloran la pérdida de jóvenes  víctimas de  traficantes en México, que un agente de migración busque a una mujer en el baño de hospital, que una mujer en labor de parto sea montada en una guagua de migración con la intención de deportarla desafía nuestra humanidad y nos hace un llamado inaplazable a hablar de personas en movilidad y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente”, enfatizan.

Lamentan el retroceso en materia de derechos humanos y gobernanza de las migraciones  que ha tenido lugar en los últimos meses.

“ Ni en las más negativas de las proyecciones se vislumbró un escenario  de persecución y deportación masiva  a mujeres migrantes embarazadas o  la orden administrativa que niega  el acceso a servicios de salud en el sistema público por  estatus migratorio o situación documental, limitando la atención a casos de emergencia, con lo que  se viola la Constitución y acuerdos vinculantes al país”, indican.

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