SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes.
MigueL Surun Hernández, presidente del Card, explicó que partes involucradas expresaron que en dicho proceso se registró «una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad».
Expuso que como consecuencia de esa manipulación se impuso la selección de las firmas Tansmneg, SRL y Midas Dominicana, SA, que ofertaron las libretas RD$261 pesos por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
El presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes.
MigueL Surun Hernández, presidente del Card, explicó que partes involucradas expresaron que en dicho proceso se registró «una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad».
Expuso que como consecuencia de esa manipulación se impuso la selección de las firmas Tansmneg, SRL y Midas Dominicana, SA, que ofertaron las libretas RD$261 pesos por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
El presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
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