WASHINGTON.– Los congresistas Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), y Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico, demandaron explicaciones sobre las justificaciones legales y denuncias de detenciones injustas en recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey y Puerto Rico.
En una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y al director interino del ICE, ambos legisladores instaron a que se investigue el comportamiento de los agentes involucrados en dichos operativos, que han generado preocupación en las comunidades afectadas.
Denuncias de Acciones Imprudentes
“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por los recientes operativos del ICE”, señalaron Espaillat y Hernández en su misiva. Subrayaron que reportes en ambas regiones destacan acciones imprudentes por parte de agentes federales, lo que ha generado miedo, interrumpido actividades comerciales y planteado dudas sobre la preservación de derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso.
Incidentes Denunciados
Puerto Rico:
- En el Barrio Obrero de Santurce, San Juan, agentes del ICE detuvieron al menos a tres personas de origen dominicano.
- Testigos presenciaron interrogatorios masivos en vecindarios con una significativa población dominicana para verificar su estatus migratorio.
Nueva Jersey:
- En Newark, agentes allanaron un pequeño negocio y detuvieron a un veterano militar puertorriqueño sin una orden judicial, ignorando incluso que mostró una identificación válida de veterano.
Reclamos de Justicia y Transparencia
Espaillat y Hernández argumentaron que estas acciones han socavado la confianza en las agencias federales y han sembrado temor en comunidades inmigrantes. "No podemos tolerar un comportamiento que ponga en riesgo los derechos fundamentales de nuestras comunidades", expresaron.
Ambos legisladores urgieron al DHS y al ICE a tomar medidas inmediatas para investigar estas denuncias y garantizar que las prácticas de sus agentes cumplan con las leyes y estándares de derechos humanos.
Estas denuncias subrayan las crecientes tensiones entre comunidades inmigrantes y las agencias federales encargadas de aplicar las leyes migratorias, con llamados cada vez más intensos desde el Congreso para abordar la transparencia y la rendición de cuentas en estas operaciones.
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