En 1992, cuando se aprobó el nuevo Código Laboral, el Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana ascendía a unos US$11,605 millones, lo que 32 años después aumentó en más de cien mil millones de dólares, para situarse cerca de los US$114 mil millones.
Estas cifras muestran que el Código Laboral ha sido un acompañante efectivo del crecimiento económico del país, siendo una pieza clave en el desarrollo. Una década después de su entrada en vigencia, el PIB nominal casi se duplicó (US$21 mil millones), aunque en el cuatrienio siguiente se redujo a US$19,000 millones debido a la crisis bancaria.
La cesantía laboral nunca ha sido un obstáculo para la expansión empresarial, como lo demuestra el desarrollo sostenido de los sectores servicios, telecomunicaciones, manufactura, construcción, minería, comercio y agropecuaria durante más de tres décadas.
La compensación por cesantía es el monto que el empleador debe pagar al trabajador cuando este es despedido sin una causa justa o dimite con justificación, permitiéndole subsistir hasta acceder a un nuevo empleo. Se ha argumentado que las empresas Pymes no podrían sobrevivir bajo el esquema actual de cesantía laboral, pero estudios muestran que la principal dificultad para estas empresas radica en la alta fiscalidad, no en la compensación por desahucio.
Es erróneo difundir la idea de que la compensación por cesantía es la causa por la cual el 53% de la población laboral vive en la informalidad, un fenómeno que responde a problemas estructurales más que a las leyes laborales. No se ha conocido ningún caso durante la vigencia del Código Laboral en el que una empresa haya colapsado debido a pasivos por cesantía, ya que las quiebras se deben a problemas de mercado, precios o producción.
A pesar de la falta de cumplimiento con el derecho a la sindicalización, los salarios que no se ajustan al crecimiento económico y la violación de normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el país ha mantenido una duradera paz laboral, con huelgas limitadas a los sectores salud y educación.
No existen razones para alarmarse en un país donde el gasto tributario supera el 6% del PIB, existen múltiples niveles salariales muy por debajo de la canasta familiar y donde el derecho a una pensión digna sigue siendo una meta lejana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario