LA HABANA, 31 ago .- Apagones, protestas y represión. Ésta es la sucesión de acontecimientos que se ha vivido en las últimas semanas en Nuevitas (oriente de Cuba), en la mayor muestra del creciente descontento social en el país desde el 11 de julio de 2021.
La agencia española de prensa Efe ha reconstruido lo sucedido desde el 18 de agosto en esta pequeña ciudad a través del relato directo de varios testigos, incluidas algunas de sus protagonistas. La solicitud de una posición oficial no ha tenido respuesta por el momento.
MARCHA DE CENTENARES DE PERSONAS
La primera protesta, recuentan los testimonios, se produjo el 18 de agosto, en medio de un prolongado apagón en esta localidad costera de unos 60.000 habitantes de la provincia de Camagüey, donde se están cebando especialmente los cortes eléctricos, endémicos y en aumento en toda la isla desde hace meses.
«Fue espontánea. Una persona comenzó y las demás se sumaron», relata un joven de la oriental Santiago de Cuba que estaba en Nuevitas ese día. En minutos se pudo ver en redes sociales la marcha de centenares de personas -entre ellos familias con niños- por las calles a oscuras, golpeando cazuelas y gritando contra los apagones y el Gobierno.
De forma pacífica, los manifestantes se acercaron hasta las sedes del gobierno local y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), donde siguieron su protesta. La policía no intervino.
Hasta entonces parecía otra protesta más por los apagones, como las que se han registrado en las últimas semanas en distintas partes del territorio nacional, incluidas Santiago de Cuba y La Habana. El medio independiente Proyecto Inventario ha contabilizado más de 60 entre julio y agosto.
«¡ESO FUE UNA GUERRA!»
El día siguiente fue distinto. Desde las 10 de la noche y hasta bien pasada la medianoche tuvo lugar una gran protesta. «El viernes sí salió bastante gente, y fue cuando hubo la agresión», recuerda una vecina: «¡Eso fue una guerra, una guerra fue!».
«Empezamos aquí en la casa a gritar en los balcones: ‘Abajo Díaz-Canel’ (por el presidente del país), ‘Libertad’,… todas esas cosas, y la policía la teníamos abajo. Salimos para la plaza grande, ahí se hizo un grupo de personas y salimos para allá gritando», rememora otra.
Desde la plaza les seguían varios vehículos policiales de los que se habían distribuido por la ciudad de forma visible luego de la protesta de la víspera. La tensión estalló poco después.
«Cuando llegamos al puente nos rodearon», recuerda una participante en la marcha: «Empezaron (los agentes de las fuerzas de seguridad) a tirar desde el puente hacia arriba, nos empezaron a bombardear con piedras. Y de la terminal para arriba otro grupo les estaba tirando piedras a ellos».
HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL
Fue poco después cuando presuntamente sucedieron los hechos de violencia policial que han sido denunciados públicamente: la detención del joven José Armando Torrente Muñoz y los golpes que varios agentes propinaron a tres niñas menores de edad, de entre 11 y 12 años, entre ellas su hija.
«Allí es donde golpearon a las niñas y donde golpearon a José Armando, que le fueron todos los policías para arriba. Un tropa especial cogió a la niña por el cuello y la golpeó, le dieron por las costillitas. Y la niña le dio con un hierro al tropa especial», asegura a Efe Ivón Freijó, madre de Beatriz Aracelis Rodriguez, una de las niñas presuntamente agredidas.
Según varios testimonios, los agentes estaban arrestando a Torrente, empleando la fuerza, y las niñas comenzaron a gritar y trataron de impedir que se lo llevaran.
Daymarelis Echavarría Bielsa, esposa de Torrente, describe así a Efe lo sucedido: «A él lo detuvieron en el callejón de Pastelillo. Se le tiraron encima como ocho guardias, le dieron golpes en el piso. Y para poder llevarle detenido, le dieron golpes a las niñas».
Las menores denunciaron haber sido agredidas en un vídeo que se hizo viral en redes, pero no cuentan con un parte médico. Según Freijó, sólo las atendieron en Medicina Legal una semana después de los hechos y dijeron que no había lesiones.
NO HAN DIVULGADO CIFRA DE ARRESTADOS
Las autoridades no han difundido una cifra total de arrestados. Según el colectivo Justicia 11J, hasta el momento se ha arrestado a 19 personas, de los que 11 continúan detenidos. Entre ellas se encuentra la joven de 21 años Mayelín Rodríguez Prado, presuntamente por grabar y difundir en redes sociales imágenes de la protesta.
Torrente fue trasladado en un primer momento a un centro médico y este miércoles, once días después, sigue detenido. Por su parte las tres menores -y sus madres- fueron interrogadas el 25 de agosto durante horas. Sus familiares aseguran que se les ha amenazado con que tengan que ir a «una escuela de conducta».
Un familiar cercano está «convencido» de que no se han tomado medidas contra las tres menores y sus madres por la repercusión que han tenido estas protestas.
Desde los hechos no se han vuelto a registrar protestas en Nuevitas. Los cortes de electricidad se han reducido en los últimos días. La presencia policial -muy evidente durante días-, también.
NO SÓLO APAGONES
El detonante de las protestas fueron los cortes eléctricos, un problema que ya formó parte de los motivos de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas, a las que siguió una oleada de detenciones y juicios con condenas de hasta 30 años.
«Los apagones eran insostenibles, de cinco de la tarde a cinco de la madrugada. Y por el día también la quitaban», señala un joven que habla de la decadencia de Nuevitas por la desindustrialización, el deterioro del sector pesquero y la migración de los jóvenes.
GRAN DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
Los cortes se suman a una grave crisis económica que golpea al país entero desde hace dos años, con un gran desabastecimiento de productos básicos -como alimentos, medicinas y combustible-, una fuerte depreciación del peso y una inflación desbocada.
«El pueblo se ha deteriorado al nivel que no es pobreza lo que ves, sino miseria. Todo esto es el caldo de cultivo idóneo para estas protestas», agrega el joven.
Pero hay más razones. Freijó subraya que su principal problema es que ella y su familia -y también la de Echavarría y Torrente, que residen en el mismo bloque- llevan «más de diez años viviendo en un edificio que está en derrumbe, que se filtra».
Asegura que las autoridades locales les han prometido durante años reubicarlos, algo que nunca sucede a pesar de que en el edificio viven doce niños. «En cualquier momento podemos amanecer muertos todos», apostilla Freijó.
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