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HAITí: Gobierno niega negligencia en asesinato de presidente Moïse

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PUERTO PRINCIPE.- El Gobierno de Haití reconoce «lentitud» en la investigación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, sin apenas avances un año después del asesinato, pero el ministro de Justicia, Berto Dorcé, no cree que se pueda hablar de negligencia.

En una entrevista con motivo del aniversario de la muerte del mandatario a manos de un comando que asaltó su residencia privada en la madrugada del 7 de julio de 2021, Dorcé evaluó la gestión del expediente, que a estas alturas no permite concluir quién mató a Moïse.

CINCO JUECES

La investigación ha pasado de mano en mano desde el principio. El magistrado Walter Voltaire es quien lo instruye actualmente, después de que le hayan precedido cuatro jueces que, o bien han abandonado o han sido apartados de la instrucción, que implica a más de 40 detenidos, muchos de ellos exmilitares colombianos integrantes del comando de asalto, así como a varios prófugos.

El Ejecutivo, explicó el ministro, puede satisfacer las necesidades materiales del magistrado que lleva a cabo las audiencias de la causa «pero no puede interferir en el caso», tal y como establece la separación de poderes.

El juez «tiene todo lo que necesita para hacer su trabajo», afirmó Dorcé. «Le damos material, garantizamos su seguridad porque está gestionando un caso sensible. Le damos medios económicos para que no se sienta abandonado (…) Así que es imposible que el Ejecutivo sea responsable en términos de negligencia», destacó.

«Hablaré de lentitud» en la investigación pero no se trata, en absoluto, de un expediente archivado en los cajones, dijo el funcionario, negando así las críticas de quienes afirman que el Gobierno no hace nada para avanzar en las pesquisas.

El Ejecutivo «tiene obligación de controlar» pero «no tenemos derecho a interferir», de modo que se hace seguimiento del proceso «para asegurarnos de que el juez avanza» porque «hacer justicia al presidente» es el deseo de todos los haitianos.

Según Dorcé, la causa no está estancada, tal y como demuestra el hecho de que «nada menos que 33 policías fueron destituidos» del cuerpo la semana pasada «y otros tres fueron suspendidos por su presunta implicación en el caso», tras unas investigaciones de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), dijo.

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