El Gobierno de la República Dominicana emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional. En relación con la manifestación realizada en el sector Hoyo de Friusa, provincia La Altagracia, el Gobierno señaló que, aunque el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, este debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades para proteger a manifestantes y ciudadanos.
Según el comunicado, la marcha fue autorizada y el grupo organizador cumplió con las rutas y términos acordados. Sin embargo, un grupo de infiltrados, buscando notoriedad, sobrepasó los límites establecidos, alterando el orden y obligando a la intervención de la autoridad policial para restablecer la normalidad y evitar mayores incidentes.
El Gobierno enfatizó que escucha a los ciudadanos y reconoce la preocupación existente respecto al tema migratorio. Destacó que, en los últimos cuatro años, ha trabajado responsablemente en este asunto y continuará haciéndolo, subrayando que ningún otro gobierno ha defendido más la dominicanidad. Las acciones gubernamentales, según el comunicado, están guiadas por el compromiso con la soberanía y la seguridad nacional.
Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad en el manejo de la información, expresando preocupación por sectores que buscan aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares. Advirtió que no permitirá que causas legítimas se utilicen como pretexto para alterar el clima de inversión, la generación de empleos y la paz social.
Por su parte, la Policía Nacional informó que la manifestación se desarrolló bajo control y que se respetaron los derechos de todos los participantes. Sin embargo, precisó que algunos individuos encapuchados intentaron traspasar la ruta acordada, lo que generó un incidente que requirió la intervención de las autoridades para garantizar el orden.
Estos acontecimientos han generado un debate en la sociedad dominicana sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público, así como sobre las políticas migratorias y la seguridad nacional.
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