SANTO DOMINGO – Una alarma estructural ha sido encendida desde el corazón del sistema judicial dominicano. La jueza Ysis Muñiz, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, advirtió públicamente sobre el deterioro crítico del antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), alertando que la infraestructura presenta un “peligro inminente” de colapso.
El edificio, aún en uso para funciones judiciales y audiencias, exhibe severos daños estructurales, incluyendo columnas y paredes agrietadas, desprendimientos de techo y evidencias de derrumbes en áreas activas de trabajo. Según denunció la magistrada, el estado del inmueble constituye una amenaza directa para jueces, empleados judiciales y ciudadanos que acuden diariamente al lugar en busca de justicia.
“Cuando hablo de grietas, es que están por todo el edificio. Hace poco, colapsó una parte del área de archivo en el mezanine. En otra ocasión, los escombros cayeron sobre sillas y mesas del comedor de la primera sala penal. Si alguien hubiese estado allí, las consecuencias habrían sido fatales”, narró la jueza en una entrevista al medio CDN.
Muñiz también criticó el prolongado silencio institucional frente a la situación, señalando que a pesar del conocimiento previo del riesgo, las autoridades competentes no tomaron acciones inmediatas.
Tras un estudio de vulnerabilidad estructural que confirmó el alto riesgo de colapso del inmueble, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció que ha comenzado el proceso de reubicación del personal y los servicios judiciales que aún operaban en el edificio.
Un llamado a la acción urgente
La situación pone en evidencia la necesidad de revisar el estado de las infraestructuras públicas que aún permanecen en uso pese a representar riesgos para la vida humana. La denuncia de la jueza Muñiz no solo expone un problema físico, sino también una crisis de responsabilidad institucional.
Mientras tanto, decenas de empleados continúan asistiendo diariamente a un edificio que, según las propias autoridades judiciales, podría ceder en cualquier momento. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas advertencias más se necesitan antes de actuar con la urgencia que la situación demanda?
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