Pepca revela nuevas pruebas de corrupción por más de RD$4,500 millones en juicio contra altos oficiales

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó este martes con la presentación de pruebas clave en el juicio que se desarrolla contra un grupo de exoficiales militares y policiales, acusados de desviar más de RD$4,500 millones de fondos públicos entre los años 2012 y 2020.

Durante la audiencia, celebrada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público introdujo las auditorías de la Cámara de Cuentas que detallan un aumento patrimonial injustificado de más del 300 % del general Boanerges Reyes Batista, en franca violación a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes.

También se presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, en el cual se identificaron omisiones graves en su declaración jurada de patrimonio.

Falsificaciones, empresas fachada y entramado financiero

Una de las pruebas más contundentes provino del testimonio de la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó la falsificación de firmas y sellos de Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona. Estos documentos falsos fueron utilizados para respaldar pagos simulados desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) hacia la empresa fachada Meljo Comercial E.I.R.L.

Según la acusación, tanto Meljo Comercial E.I.R.L. como SSA Corporation S.R.L. fueron utilizadas para aparentar adquisiciones de productos que nunca fueron entregados. Las órdenes de compras eran aprobadas por los entonces jefes de Cestur y el Cusep, Juan Carlos Torres Robiou y Adán Cáceres Silvestre, mientras que el coronel Rafael Núñez de Aza gestionaba los pagos a través del departamento financiero.

Desvío de fondos y propiedades a nombre del entramado

El dinero sustraído era reintegrado al esquema delictivo en efectivo o mediante inversiones en propiedades. Entre los bienes falsamente adquiridos se incluyen artículos de oficina, tóners para impresoras y materiales de limpieza. Valdez también confirmó la falsificación de sellos oficiales de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, encontrados durante los allanamientos.

Además, se identificó una transacción fraudulenta por RD$9 millones a nombre del general Luis Alberto Coronado Abreu, quien negó haber autorizado dicho depósito a la empresa Único Real Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria de la avenida Venezuela.

Audiencia continuará el 22 de abril

El fiscal Jonathan Pérez Fulcar informó que la audiencia fue aplazada para el martes 22 de abril, cuando se presentarán los testimonios de los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales a varios de los principales acusados: Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.

Una red de corrupción institucionalizada

La acusación formal sostiene que los imputados crearon una estructura para desviar recursos públicos mediante compras irregulares, manipulaciones de nómina y desfalcos dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y Cestur. Parte del esquema consistía en contratar policías y militares, a quienes se les pagaba solo un pequeño porcentaje del salario correspondiente, apropiándose del resto.

Entre los implicados figuran también la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (alias “la Pastora”), su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, el sargento Alejandro José Montero Cruz y José Manuel Rosario Pirón, entre otros altos rangos y allegados al núcleo de poder militar.