SANTO DOMINGO. – La Unión Nacional de Importadores de Alimentos (UNIDA) ha solicitado al Ministerio de Agricultura la rectificación de su reciente decisión de suspender los permisos para la importación de cortes de res, pollo y cerdo. La entidad considera que esta medida viola la Constitución y los tratados internacionales a los que la República Dominicana está suscrita.
En un comunicado, Gustavo Mejía-Ricart, director ejecutivo de UNIDA, explicó que, en términos legales, no existe ninguna prohibición generalizada sobre la importación de estos productos, a excepción del cumplimiento de los protocolos fitosanitarios establecidos. Según Mejía-Ricart, la suspensión no solo es jurídicamente incorrecta, sino que también afecta gravemente la cadena de suministro nacional y deteriora el clima de negocios en el país.
El comunicado responde a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Límber Cruz, quien había afirmado que algunos importadores habían adquirido productos sin contar con los permisos correspondientes.
Impacto de la medida
Mejía-Ricart subrayó que la suspensión de permisos para importar cortes de res, cerdo y pollo entero, además de partes como pechugas, muslos y alas, es una grave violación no solo de los compromisos asumidos por la República Dominicana ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino también de los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. Aseguró que las restricciones, al carecer de fundamento legal, pueden generar tres efectos perjudiciales para el país:
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Riesgo a la seguridad jurídica: Las medidas adoptadas contravienen compromisos internacionales válidos, lo que puede afectar la credibilidad del país en el ámbito comercial.
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Tensión con Estados Unidos: La decisión pone en riesgo las relaciones con el principal socio comercial de la República Dominicana. Estados Unidos podría activar los mecanismos de solución de controversias del DR-CAFTA, lo que podría generar consecuencias económicas y diplomáticas adversas.
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Aumento en los precios al consumidor: El impacto de esta medida también afectará a más de 11 millones de dominicanos, quienes enfrentarán precios más altos en productos alimenticios en el corto plazo.
UNIDA insiste en que el Ministerio de Agricultura debe revisar esta decisión para evitar daños a la economía nacional y a las relaciones comerciales internacionales del país.
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