SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, una profunda reforma a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, estableciendo sanciones que alcanzan hasta 40 años de prisión en casos agravados. El proyecto legislativo, que ya fue aprobado por el Senado, será remitido ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca actualizar el marco legal vigente desde 2003 y fortalecer la respuesta penal del Estado dominicano frente a redes de tráfico humano y delitos conexos. Con esta nueva ley, las autoridades pretenden frenar el auge de estas actividades criminales, que afectan principalmente a migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
Penas más severas para los traficantes
Entre las principales disposiciones del proyecto se establece que:
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Los cómplices en el tráfico ilícito de migrantes enfrentarán penas de 10 a 15 años de prisión.
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Si como consecuencia del tráfico se produce la muerte de un migrante, la condena podrá ascender de 30 a 40 años de cárcel.
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En casos de daños físicos o tortura, las penas estarán entre 25 y 30 años.
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Otros agravantes contemplan penas entre 20 y 25 años, dependiendo de las circunstancias.
Uno de los agravantes más relevantes es la participación de funcionarios públicos, lo cual demuestra la intención de erradicar la complicidad institucional en estas redes ilegales.
Trata de personas: delito imprescriptible
En lo que respecta a la trata de personas, la nueva ley establece que este delito no prescribirá, es decir, podrá ser perseguido sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión. Las penas irán de 20 a 25 años de prisión, acompañadas de multas de entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público.
Además, si el responsable es un funcionario o servidor público, se aplicará una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos, la cual podrá aumentar hasta 20 años en caso de reincidencia.
Un paso firme contra el crimen organizado
Esta reforma legal responde a crecientes presiones sociales e internacionales por fortalecer la protección de los derechos humanos en contextos de migración y explotación. La trata de personas y el tráfico de migrantes figuran entre los crímenes transnacionales más lucrativos y complejos, frecuentemente ligados al crimen organizado.
Con esta nueva legislación, República Dominicana se alinea a estándares internacionales en la lucha contra la trata y el tráfico humano, y lanza un mensaje claro: quien se lucre del sufrimiento de otros enfrentará las más duras consecuencias de la ley.
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