El Gobierno rechazó la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de incluir a República Dominicana en “la lista negra” por “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
Una delegación encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, reaccionó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la clasificación en la que fue incluida RD.
En el capítulo IV del informe, se colocan aquellos países que, según la CIDH, violan de manera masiva, grave y sistemática los derechos humanos, así como cuando hay una ruptura del orden político democrático.
En su intervención, Espinal expresó que esta decisión de la CIDH es “totalmente desproporciona, no tiene base ni justificación y pone de manifiesto la actitud inflexible, cerrada y sectaria de la Comisión, por lo que el gobierno dominicano rechaza de manera firme y categórica dicha decisión”.
Señaló, además, que en República Dominicana no se producido ningún acontecimiento que represente retroceso alguno en las áreas más relevantes de los derechos humanos, entre ellos la libertad política, la libertad de expresión, de asociación, de creencias religiosas y demás libertades públicas.
El funcionario también se refirió al tema migratorio y de nacionalidad.
En la sesión, dirigida por la embajadora de Canadá, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, estuvieron presentes el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren Praeli y el secretario ejecutivo, Paulo Abrao.
La delegación que viajo a Washington desde Santo Domingo estuvo integrada, además, por la viceministra Alejandra Liriano, el abogado Olivo Rodríguez Huertas y la embajadora Rhadis Abreú, y otros funcionarios de la Misión Permanentes de la República Dominicana ante la OEA.
La CIDH alertó ayer de "la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales", lo cual ha impactado particularmente en "el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas".
Para la Comisión esto muestra "la privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos", recalca el informe.
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