Lamentablemente las medidas que vienen con pacto fiscal y tributario no gustaran.
El costo político de fomentar nuevas medidas a nuestro futuro, le traerá a Luis Abinader, lagrimas, sudor y muchos cambios de funcionarios.
Ser funcionario no será algo ostentoso con opulencia, más bien será como el modelo chino de Mao, uno de sacrificios. Recuerden para ellos llegar a ser potencia fue un proceso de 60 años adaptándose, para este gigante asiático. Pero alguien tenía que hacerlo.
Implementar un ajuste fiscal gradual de al menos el 3% del PIB en medidas permanentes durante 2024–28, para lograr un equilibrio fiscal primario del 1% del PIB (producto interno bruto) a fines de 2026 y así colocar la deuda alta, firmemente en una senda en declive y cumplir con Responsabilidad Fiscal del Cambio y un índice de deuda pública que incluya pensiones del 19% del PIB para 2032, parece ser el plan.
La administración pública plantea que en 2024 se ejecutarán medidas como la facturación electrónica de todos ante DGII y monotributo a informales sin excepciones; sin embargo, estas solamente lograrían un 1.8% del PIB. Mejorarían más, por un aumento en los ingresos fiscales, al introducirse un impuesto a la propiedad in crescendo, anual y abrir la base del itebis grabándolo todo, cero exenciones, sin pasar del 12% y bajar itebis del 18 al 12 gradualmente.
Posibles medidas:
Subir el monto que se paga por el marbete vehicular, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso,es decir, con más de 867,123.01 pesos al año. Eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores privilegio de importar vehículos exonerados de alta gama
También, establecer una sola tasa del 12% para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis), y llevarla escalonada bajándola por año
incrementar la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 %, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas. Dar exenciones a empresas turísticas solo si incrementan sus empleados fijos y pararlas a las q no muestren beneficios.
En la parte del gasto, se debe reducir la factura salarial (por ejemplo, congelamiento de contrataciones y jubilación anticipada de empleados públicos) y centralizar las compras en todos los ministerios y agencias del sector público. Así, el total de estas medidas para reducir la deuda pública podría significar un ajuste del 2.5 % del PIB para el año 2025, por lo que todavía haría falta continuar con nuevas soluciones.
Por otro lado, funcionarios enfatizaron que continúan trabajando para fortalecer la cooperación transfronteriza haitiana y piden ayuda para financiar adecuadamente el marco de asistencia de emergencia de liquidez que pedirán a organismos internacionales. En Junio entran soldados Kenia contra bandas haitianas y reforzar frontera debe costearse por fuerzas de paz, no por nosotros.
Nos dicen, “prioricen el gasto” para abordar problemas estructurales a más largo plazo (como brechas de seguridad, salud, infraestructura y educación), al tiempo que se les reducirán sustancialmente los costos de los préstamos mediante la identificación de fuentes de financiamiento nuevas y eficiencias de gasto”. Esa idea de Biden, me gusta.
Se espera que el costo político y público de las medidas para prevenir, detectar, controlar, tratar y contener evasión/inflación alcance aproximadamente US$1900 millones al mes, lo que, requerirá un financiamiento adicional de al menos $7.300 millones pesos en 3 meses.
De hecho, la deuda pública total, más la cuasi fiscal del Central y deuda flotante no sumada dominicana, a diciembre de 2023 era del 69.3 % del PIB, por lo que ya se consideraba alta y vulnerable a los “shocks”.
Por ello, preservar la sostenibilidad fiscal se vuelve una prioridad política y las medidas antes mencionadas (tanto para defenderse de la crisis como para ayudar a garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo) cuentan con el apoyo del compromiso de las autoridades.
Revertir el aumento en el gasto debido a medidas de emergencia y subsidio a combustibles por alrededor de $990 millones al mes y, en el medio plazo, priorizar proyectos de inversión pública para financiar infraestructura crítica, debe estudiarse. Abro el debate.
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