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Santo Domingo, 8 de abril – La República Dominicana ha alcanzado una cifra histórica en deportaciones de migrantes irregulares, con 187,983 repatriaciones desde octubre de 2024, de las cuales 93,357 han ocurrido solo en los primeros meses de 2025. Así lo informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde se analizó el impacto de la crisis migratoria y las nuevas medidas de control fronterizo.
¿Un logro o una consecuencia de la crisis?
Raful destacó que estas cifras representan un récord en la política migratoria del país, pero enfatizó que no es motivo de celebración, sino una señal de la grave crisis humanitaria en Haití, nación que atraviesa un colapso institucional y social sin precedentes.
"Preferimos un Haití estable, que no produzca inmigrantes. Pero mientras persista la inestabilidad, garantizaremos la seguridad de nuestra nación", declaró la funcionaria, reafirmando el compromiso del Gobierno con la soberanía y el orden migratorio.
Más control en la frontera y hospitales
Como parte del fortalecimiento del control migratorio, el Gobierno ha anunciado la incorporación de la Dirección General de Migración a la Fuerza de Tarea Conjunta, lo que permitirá un mayor seguimiento a las interdicciones y operativos, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
Entre las medidas destacadas se incluyen:
✅ 750 nuevos agentes migratorios serán desplegados este año.
✅ Se reforzará el uso de registro biométrico para identificar a los migrantes.
✅ Se intensificará la vigilancia en hospitales para evitar el uso indebido de los servicios de salud.
Uno de los puntos más controversiales ha sido la presencia de oficiales en los principales hospitales del país para supervisar el proceso de emisión de certificados de nacimiento. Según Raful, esta medida busca evitar irregularidades en el registro de recién nacidos y garantizar el cumplimiento de la legislación dominicana en materia de nacionalidad.
Implicaciones y desafíos
La política de deportaciones masivas ha generado un amplio debate en el país y en la comunidad internacional. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como necesarias para preservar la estabilidad nacional, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre posibles violaciones al debido proceso y al trato humanitario de los migrantes repatriados.
En el plano económico, sectores como la construcción y la agricultura han manifestado inquietudes sobre la reducción de la mano de obra haitiana, una población que históricamente ha representado un pilar en estas industrias.
Conclusión
La política migratoria del Gobierno dominicano está marcando un antes y un después en el manejo de la frontera y la regulación de los migrantes. Sin embargo, la clave del éxito no radica solo en el control y las deportaciones, sino también en la capacidad del país para gestionar el impacto social, económico y humanitario de estas decisiones en un contexto de crisis regional.
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