SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) ha emitido una nueva disposición para las sociedades comerciales que prestan servicios fiduciarios, con el objetivo de garantizar que todas las partes involucradas en un fideicomiso posean la información relevante y adecuada para tomar decisiones informadas. Esta medida busca fortalecer la transparencia y la protección de los usuarios en el sistema financiero.
Según la Circular SB: GSB-REG-202500005, dirigida a las fiduciarias que forman parte de entidades de intermediación financiera (EIF), estas instituciones deben asegurarse de que los clientes reciban toda la información necesaria sobre los fideicomisos antes, durante y después de la ejecución de los mismos. La normativa establece que las fiduciarias deben proporcionar a los fideicomitentes, fideicomisarios y beneficiarios los documentos clave, como el acto constitutivo del fideicomiso, los detalles sobre los bienes involucrados y los derechos y obligaciones de cada parte.
La circular también subraya la importancia de que las fiduciarias cuenten con personal capacitado para ofrecer la información requerida y resolver dudas o inquietudes de los clientes. Este personal debe ser capaz de asegurar que los clientes tomen decisiones bien fundamentadas sobre las operaciones fiduciarias.
Entre los documentos específicos que las fiduciarias deberán proporcionar a todas las partes se incluyen un resumen con los detalles del fideicomiso, como la identidad de los fideicomitentes, fideicomisarios y beneficiarios, los bienes que forman parte del fideicomiso, y la finalidad y duración del mismo. Además, se enfatiza la necesidad de una divulgación completa de los derechos y responsabilidades de las partes involucradas.
Con esta nueva disposición, la Superintendencia de Bancos busca fomentar la transparencia y concienciar a los fideicomitentes y beneficiarios sobre la importancia de tener información precisa y clara al momento de involucrarse en fideicomisos. Esta medida está alineada con el compromiso de la entidad para mantener las mejores prácticas y proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero, promoviendo una relación contractual más segura y responsable.
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