WASHINGTON. — En una decisión que marca un antes y un después en el equilibrio de poderes en Estados Unidos, la Corte Suprema respaldó este viernes 27 de junio al presidente Donald Trump al restringir la capacidad de los tribunales inferiores para suspender a nivel nacional las órdenes ejecutivas del Ejecutivo federal.
Aunque el fallo no activa de inmediato la orden presidencial que busca negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes en situación irregular, sí abre la puerta a su posible aplicación futura y representa una victoria legal para la administración Trump, que busca avanzar en su agenda migratoria sin trabas judiciales.
Un precedente legal de gran impacto
La decisión, aprobada por seis votos contra tres, establece que las medidas cautelares de alcance nacional emitidas por jueces federales, como las que frenaron la orden de Trump en Maryland, Massachusetts y Washington, superan los límites de la autoridad conferida por el Congreso.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión de la mayoría, argumentó que los jueces federales deben limitarse a resolver controversias entre las partes y no actuar como fiscalizadores generales del poder presidencial.
“El Poder Judicial no tiene autoridad ilimitada para imponer la ley, y en ocasiones, la propia ley le prohíbe ciertas acciones”, escribió Barrett.
El caso no evaluó el contenido constitucional de la orden de Trump, sino la legitimidad del alcance de las medidas de los tribunales menores. Ahora, los casos deberán regresar a los tribunales de origen para que ajusten sus decisiones conforme a lo dispuesto por el Supremo.
Reacciones divididas
Desde su retorno a la presidencia, Trump ha encontrado obstáculos en múltiples tribunales, especialmente con medidas migratorias. Con este fallo, la Corte Suprema elimina una herramienta clave que los jueces venían utilizando para bloquear sus políticas a nivel nacional, lo que podría beneficiar también a futuros presidentes.
Trump celebró la sentencia en su red Truth Social con un mensaje directo:
“¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos!”.
Más tarde, en una rueda de prensa, adelantó que tiene una lista de nuevas políticas que ahora podría implementar sin el temor de que sean paralizadas de forma inmediata por cortes inferiores.
Críticas del bloque progresista y organizaciones civiles
La decisión desató una fuerte reacción en sectores progresistas. La jueza Sonia Sotomayor, en un disenso contundente respaldado por las otras dos juezas liberales, advirtió que la Corte ha facilitado que el Ejecutivo eluda la Constitución.
“La Corte ignora por completo si la orden ejecutiva es constitucional. Solo se enfoca en limitar el alcance de los tribunales. Este es un error grave que puede tener consecuencias devastadoras”, escribió Sotomayor.
Además, denunció que la estrategia legal del Gobierno era “oportunista” y que la mayoría del tribunal se había “prestado al juego”.
La organización ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) también calificó la decisión como “preocupante”.
“La orden de Trump es ilegal y cruel. Esta decisión no es el final del camino; seguiremos luchando para que ningún niño sea afectado por esta política”, señaló Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Una medida que desafía la Enmienda 14
La orden ejecutiva firmada por Trump poco después de su posesión establece que los hijos nacidos en EE. UU. de padres indocumentados o con visas temporales no adquirirían automáticamente la ciudadanía estadounidense, contraviniendo, según sus críticos, la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza este derecho a todas las personas nacidas en territorio estadounidense y bajo su jurisdicción.
Aunque la aplicación de la medida aún está en suspenso, el nuevo fallo crea un precedente judicial que podría redefinir los límites de la acción presidencial y debilitar la capacidad del sistema judicial para frenar políticas que afecten los derechos fundamentales de millones de personas.
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