SANTO DOMINGO. – La Liga Municipal Dominicana (LMD) ratificó este martes la facultad legal de los distritos municipales para establecer oficinas de planeamiento urbano, tal como lo establece la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Constitución de la República Dominicana.
Mediante un comunicado, la entidad recordó que el artículo 24 de la citada ley permite a los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes gestionar y autorizar el uso del suelo en su demarcación. No obstante, la LMD reconoció que persiste una limitación legal que impide a estos distritos imponer tasas o arbitrios propios, por lo que deben aplicar los establecidos por el municipio cabecera al que están adscritos.
Resolución de respaldo
En respuesta a esta situación, la LMD emitió la Resolución 02-2025 el pasado 28 de marzo, firmada por su secretario general y presidente del Comité Ejecutivo, Víctor D’Aza, mediante la cual se reconoce formalmente la autoridad de los distritos municipales para implementar sus propias oficinas de planeamiento, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Además, el organismo sugiere que estas oficinas deben contar con personal técnico calificado, y reafirma la capacidad de los consejos de regidores para establecer los arbitrios correspondientes al uso del suelo, mientras se mantiene la dependencia administrativa respecto al municipio matriz.
Reacciones de FEDODIM
El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Pedro Richardson, expresó que esta decisión responde a una demanda histórica de los gobiernos locales:
“Llevamos tres años reclamando al MIVED el cumplimiento de la Ley 368-22, mientras su ministro continúa violando su artículo 24, que otorga a los gobiernos locales capacidad para autorizar el uso del suelo mediante estas oficinas”.
Richardson destacó que este avance representa un paso clave hacia la autonomía técnica y funcional de los distritos municipales, y exhortó a las autoridades nacionales a respetar y cumplir el marco legal vigente para garantizar un ordenamiento territorial más justo y eficiente.
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