SANTO DOMINGO. – La Contraloría General de la República (CGR) ha intensificado su labor fiscalizadora durante el primer semestre de este año, con la ejecución de 50 auditorías focalizadas en nóminas y 11 de carácter general en distintos ayuntamientos y juntas distritales del país.
El titular del organismo, Félix Santana García, destacó que estas acciones buscan asegurar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, al tiempo que fortalecen la legitimidad de los gobiernos locales y fomentan la confianza ciudadana.
“Cada peso utilizado por una institución del Estado representa un compromiso con la población. Nuestra labor es velar porque esos fondos realmente se traduzcan en obras, servicios y mejoras para la comunidad”, expresó el contralor.
Objetivos de las auditorías
Las auditorías se centran, entre otros aspectos, en verificar la correcta asignación de beneficios, el cumplimiento en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y la actualización de registros en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). También se revisan las ayudas y donaciones canalizadas a través de los gobiernos locales, para garantizar que cumplan con los criterios establecidos por ley.
Enfoque estratégico y nuevas directrices
En línea con las directrices de la Presidencia, la CGR ha adoptado nuevas estrategias para ampliar su cobertura de control interno, incluyendo un plan de verificaciones especiales en áreas de alto riesgo o impacto operativo dentro de las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07 sobre control interno.
Hasta la fecha, este plan ha sido implementado en nueve entidades estatales, complementado por 22 auditorías generales en el Gobierno Central, para un total de 31 verificaciones en ministerios y organismos nacionales.
Fortalecimiento institucional
Como parte de los esfuerzos por elevar los estándares de fiscalización, la CGR emitió una circular oficial que regula la contratación de firmas privadas de auditoría interna y consultoría especializada. Esta medida aplica para organismos descentralizados, autónomos, empresas públicas no financieras y aquellas vinculadas a la seguridad social, y busca asegurar la calidad técnica de los procesos de inspección en esos entes.
Con estas acciones, la Contraloría reafirma su compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, respondiendo a la demanda social de mayor vigilancia sobre el uso de los fondos estatales.
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