SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público presentó este viernes un recurso de apelación contra la decisión judicial que dejó en libertad a Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
La acción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el fiscal Emmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección General de Persecución, quien reiteró la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, medidas que —según indicó— son necesarias para garantizar la continuidad de la investigación y evitar la posible manipulación de testigos.
Una decisión desproporcionada, según el Ministerio Público
Ramírez calificó como “desproporcionada” la medida dispuesta por la jueza Fátima Veloz, quien el pasado 18 de junio impuso a los imputados garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, en el marco de un proceso que ya ha sido declarado complejo.
El fiscal enfatizó que la jueza no valoró adecuadamente la gravedad del caso ni el riesgo procesal que representa mantener a los imputados en libertad. “El sistema de justicia debe proteger la integridad del proceso y el derecho de las víctimas a obtener justicia sin interferencias”, señaló.
Corte de Apelación conocerá el recurso
Ahora corresponde a la Corte de Apelación del Distrito Nacional designar la sala que conocerá el recurso presentado tanto por el Ministerio Público como por los cientos de querellantes particulares que han rechazado la decisión judicial, al considerarla un agravio para las familias afectadas.
El Ministerio Público recordó que en la audiencia preliminar del pasado 18 de junio, que se prolongó por más de 14 horas, se presentaron más de 130 elementos de prueba que, según las autoridades, sustentan la necesidad de imponer medidas de coerción más severas contra los imputados.
“Una burla a las víctimas”
El procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza la investigación, calificó la medida judicial como “una burla a las víctimas”, argumentando que se desestimó el impacto social de una tragedia que conmocionó a todo el país y dejó a cientos de familias en luto.
Camacho enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de actuar con firmeza en casos de esta magnitud, no solo para garantizar justicia, sino para preservar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
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