Abusos encubiertos bajo el papel oficial: El alto costo de las actas y el negocio detrás del cambio constante - VILLA- LAMATA.NET
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Abusos encubiertos bajo el papel oficial: El alto costo de las actas y el negocio detrás del cambio constante

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Por Redacción Editorial

En 1942, Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña publicaron una obra emblemática para la lengua española: Gramática Castellana. Durante décadas, este texto fue referencia obligada en la educación secundaria dominicana, sobre todo en el aprendizaje de la puntuación y la sintaxis. Aunque el tiempo ha hecho que desaparezca de las aulas, su valor pedagógico perdura. Sin embargo, el contraste con la realidad actual en el sistema educativo y otras instituciones del Estado dominicano es alarmante: los libros escolares han pasado a ser tratados como material desechable.

Cada año, el Ministerio de Educación cambia los textos de múltiples asignaturas, sin una justificación sólida, obligando a las familias a incurrir en nuevos gastos. Esta práctica, además de abusiva, evidencia un negocio estructurado en el que podrían estar implicadas casas editoras, colegios privados e incluso funcionarios del propio ministerio. El costo recae, como siempre, sobre los padres y madres sin poder de decisión ni voz para protestar.

Pero este patrón no es exclusivo del sector educativo. La Junta Central Electoral (JCE) ha replicado una estrategia similar con los modelos de actas civiles. En los últimos años, los formatos de nacimiento, matrimonio, defunción y reconocimiento han sido modificados en varias ocasiones. Esto ha provocado que documentos previamente válidos ya no puedan ser usados, obligando a los ciudadanos a pagar por nuevas versiones.

Estos cambios, más que funcionales, parecen estar impulsados por fines económicos. Representan millones de pesos en impresión y procesamiento. Y lo más cuestionable es que la JCE no es un órgano recaudador, sino que opera con fondos del presupuesto nacional, los cuales son incrementados regularmente por el Congreso, especialmente en años electorales.

A pesar de estos recursos, la JCE ha aprobado, sin consultar a la ciudadanía, un aumento del 50% en el costo de las actas civiles, que pasaron de 400 a 600 pesos, incluyendo aquellas con fines escolares que antes estaban exentas. El golpe económico afecta directamente a los sectores más vulnerables, que deben presentar estos documentos para realizar trámites obligatorios.

Si bien es cierto que la JCE llevó a cabo un conteo de votos aceptable durante las elecciones de mayo de 2024, no puede ignorarse que hubo delitos electorales graves no sancionados, como la compra masiva de cédulas y el traspaso irregular de funcionarios electos desde la oposición hacia el oficialismo. Tampoco hubo control sobre el gasto en publicidad estatal, que según organizaciones civiles, alcanzó 8 mil millones de pesos.

Este aumento injustificado en el costo de servicios esenciales como las actas, sumado a la falta de control institucional y la indiferencia hacia la ciudadanía, pone en entredicho la legitimidad y sensibilidad de la actual gestión de la JCE.

La población tiene derecho a reclamar. Un incremento de tarifas en un servicio esencial debería, al menos, ser sometido a consulta pública. Imponer tarifas desproporcionadas, en especial en servicios obligatorios como las actas de nacimiento o escolares, es una forma de violencia institucional contra el ciudadano común.

Si esta medida no se revierte, cabe preguntarse si ha llegado el momento de que el Senado evalúe seriamente la interpelación o sustitución del pleno de la JCE. La democracia se sostiene, no solo con elecciones transparentes, sino también con el respeto a los derechos económicos y sociales de la población.

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