SANTO DOMINGO. – El Senado de la República Dominicana aprobó este lunes, en segunda lectura y de forma unánime, el proyecto de modificación del Código Penal, una iniciativa que endurece las sanciones para múltiples delitos, pero que excluye la despenalización del aborto, un punto ampliamente debatido en la sociedad dominicana.
Con esta aprobación, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, que dispone de un tiempo limitado para su estudio y eventual sanción antes de que finalice la actual legislatura a finales de este mes, salvo que sea prorrogada.
El nuevo texto legal busca modernizar un Código Penal que data del siglo XIX y que fue originalmente inspirado en el Código Napoleónico. La reforma incorpora la penalización de más de 70 nuevas figuras delictivas, algunas de ellas surgidas en el contexto contemporáneo, como el acoso escolar (‘bullying’), los ciberdelitos y la corrupción.
Penas más severas para crímenes graves
Uno de los puntos destacados del nuevo código es la tipificación del feminicidio, que será castigado con entre 30 y 40 años de prisión, sin importar el tipo de vínculo entre víctima y agresor ni el lugar del hecho.
Asimismo, se establecen penas similares para quienes participen directa o indirectamente en sicariato, incluyendo la planificación, encargo o ejecución de asesinatos a cambio de pagos o promesas de recompensa.
También se incrementan las sanciones para delitos relacionados con explotación sexual de menores, castigados con penas de 10 a 20 años, así como la participación de menores en actos sexuales a cambio de dinero u otros beneficios.
Delitos modernos y temas pendientes
El proyecto incluye también sanciones por tortura, actos de barbarie, extorsión, chantaje, uso de sustancias peligrosas como el “ácido del diablo”, y actividades sexuales no consentidas.
A pesar de su avance legislativo, el proyecto ha generado controversia por no incluir ninguna de las tres causales del aborto (cuando peligra la vida de la madre, en casos de violación/incesto o por malformaciones incompatibles con la vida), lo que ha provocado críticas de sectores que abogan por los derechos sexuales y reproductivos.
Este nuevo intento de reforma llega tras más de dos décadas de debates legislativos y múltiples rechazos en el Congreso Nacional, así como vetos presidenciales que han impedido su promulgación en ocasiones anteriores.
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