Con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del colapso ocurrido en la discoteca Jet Set la noche del lunes 7 de abril. Esta tragedia, que ha enlutado al país, evidencia una vez más las grietas estructurales —no solo físicas, sino también institucionales— que nos acompañan como sociedad.
Estas catástrofes, lejos de ser hechos aislados, se han vuelto recurrentes en la República Dominicana. El incumplimiento sistemático de normativas, la ausencia de inspecciones preventivas y el desinterés por parte de las autoridades para ejercer su rol protector, han convertido la negligencia en costumbre. No puede seguir siendo una constante que las tragedias nos sorprendan cuando ya es demasiado tarde.
Tampoco puede ignorarse la cuota de responsabilidad del sector privado. Muchos empresarios priorizan las ganancias por encima de la seguridad, reduciendo al mínimo la inversión en mantenimiento y prevención. Esta falta de conciencia, combinada con la certeza de que rara vez se aplica justicia, fortalece un círculo vicioso de impunidad.
Casos como la explosión de Polyplas en 2018, la tragedia en Vidal Plast en San Cristóbal en 2023, el incendio en la cárcel de Higüey en 2005 o el colapso del túnel del 27 de febrero en 2023, forman parte de una larga lista de hechos dolorosos que pudieron evitarse. Y lo más alarmante: en la mayoría de ellos, los responsables jamás enfrentaron consecuencias reales.
Esperamos que esta nueva catástrofe no pase al archivo del olvido ni se sume a las estadísticas frías. Más de 220 vidas apagadas no pueden quedar como una simple nota de prensa. El país clama por justicia, por memoria y por una transformación profunda del sistema de prevención y fiscalización de nuestras infraestructuras.
Que las víctimas descansen en paz. Que sus muertes no sean en vano. Y que, al menos esta vez, el luto nos empuje a tomar acciones firmes para evitar que otra tragedia como esta vuelva a ocurrir.
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