SANTO DOMINGO, 17 de julio de 2025. – El expresidente Hipólito Mejía exigió públicamente al director general de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, que respalde con pruebas concretas sus declaraciones sobre una presunta mafia en la venta irregular de terrenos estatales durante administraciones pasadas, incluyendo la suya (2000-2004).
En una carta abierta publicada en sus redes sociales, Mejía emplazó a Burgos Gómez a “precisar con hechos, casos y detalles” cualquier expediente que lo vincule, directa o indirectamente, con operaciones fraudulentas en la distribución de tierras propiedad del Estado.
Acusaciones que apuntan a más de dos millones de tareas
Según las declaraciones previas de Burgos, entre los años 2000 y 2020 el Estado dominicano habría perdido más de dos millones de tareas de terrenos, a causa de negociaciones ilícitas y gestiones calificadas como “negligentes” por parte de exfuncionarios públicos.
El funcionario aseguró que estos terrenos fueron “repartidos como una piñata” entre diferentes sectores sociales, incluyendo tanto personas de escasos recursos como figuras de alto poder económico, quienes llegaron a titular fincas de miles de tareas a precios irrisorios, afectando gravemente el patrimonio nacional.
Burgos Gómez, quien también preside el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), declaró que al menos el 70 % de los terrenos estatales involucrados fueron adquiridos en condiciones cuestionables.
Mejía: “No aceptaré imputaciones sin pruebas”
En su respuesta, el expresidente Mejía rechazó que se generalice la culpabilidad sobre los funcionarios de su gobierno sin presentar nombres ni evidencias específicas. “Sus declaraciones salpican, alegremente, a todos los que trabajamos en ese período. Por eso le exijo que diga exactamente en qué casos mi nombre aparece y cuál es la implicación”, manifestó en el comunicado.
Asimismo, pidió que cualquier acusación sobre su gestión como secretario de Agricultura entre 1978 y 1982, durante el mandato de Antonio Guzmán Fernández, sea también respaldada con documentación que evidencie apropiación dolosa.
Mejía subrayó que Burgos Gómez fue parte de su administración como funcionario, por lo que considera injusto que ahora se quiera desacreditar a su gobierno sin diferenciar responsabilidades.
Exige claridad y responsabilidad pública
“El país necesita transparencia, no especulaciones. Le pido que rectifique o detalle sus afirmaciones, con la misma contundencia con la que hizo sus comentarios ante la opinión pública”, concluyó Mejía.
Esta nueva controversia abre un capítulo más en los debates sobre la recuperación y regularización de bienes del Estado, y podría forzar a las autoridades actuales a publicar informes o iniciar investigaciones concretas sobre lo ocurrido con las tierras estatales durante los últimos 25 años.
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